Las organizaciones sindicales han convocado una
huelga general el próximo 29 de marzo para pedir al Gobierno de España la
retirada de la recientemente aprobada reforma laboral que ha sido adoptada sin
acuerdo con los sindicatos, y contra los
recortes en derechos sociales.
La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la
Juventud Obrera Cristiana (JOC)
queremos, desde nuestro ser Iglesia y nuestra misión evangelizadora en el mundo
obrero y del trabajo, ofrecer una reflexión ante este hecho. Creemos que, aun
siendo legítimo el Gobierno y la representación parlamentaria actual surgida de
las urnas y, por tanto, las decisiones que en dicho parlamento se acuerden, la
sociedad civil puede manifestar y orientar, desde su opinión y acción pacífica,
las medidas que el poder legislativo y ejecutivo lleven a cabo. Especialmente
cuando muchas de ellas no han sido fruto de la negociación y el consenso entre
los distintos agentes sociales, en un momento en el que la realidad
socioeconómica y las cifras de desempleo demandan políticas y reformas
estructurales.
En este sentido, la HOAC y la JOC hicimos pública el pasado 16 de febrero
nuestra valoración de la reforma laboral. Nos parece injusta y rechazable,
porque constituye un duro golpe al derecho laboral y a los derechos de las
personas y familias trabajadoras. Los recortes en derechos laborales y sociales
que se están imponiendo son injustos y completamente injustificados. Estas
decisiones afectan al conjunto de la sociedad pero, de manera más lesiva, a los
sectores más débiles y empobrecidos del mundo del trabajo.
Consideramos que esta reforma, como otras
anteriores, parte de un mal planteamiento: pretende someter los derechos de los
trabajadores y trabajadoras a las exigencias de la economía, cuando lo justo y
lo humano es lo contrario, ordenar el funcionamiento de la economía desde los
derechos de las personas trabajadoras (cf. Juan Pablo II, “Laborem Exercens”,
17; Concilio Vaticano II, “Gaudium et spes”, 67). En otras palabras, como nos
recuerda el catecismo de la Iglesia (2425): “La regulación de la economía
únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque «existen
numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado» (CA
34). Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las
iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al
bien común.”
Como siempre que se produce una convocatoria de
huelga, recordamos que “La doctrina social reconoce la legitimidad de la huelga
«cuando constituye un recurso inevitable, si no necesario para obtener un
beneficio proporcionado », después de haber constatado la ineficacia de todas
las demás modalidades para superar los conflictos. La huelga, una de las
conquistas más costosas del movimiento sindical, se puede definir como el
rechazo colectivo y concertado, por parte de los trabajadores, a seguir
desarrollando sus actividades, con el fin de obtener, por medio de la presión
así realizada sobre los patronos, sobre el Estado y sobre la opinión pública, mejoras
en sus condiciones de trabajo y en su situación social. También la huelga, aun
cuando aparezca « como una especie de ultimátum », debe ser siempre un método
pacífico de reivindicación y de lucha por los propios derechos; resulta «
moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se
lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las
condiciones del trabajo o contrarios al bien común »” (Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia, 304).
Entendemos que la convocatoria de la huelga general
está justificada en defensa de los derechos de las personas y familias
trabajadoras, y es expresión de las legítimas funciones sociales que
corresponden a los sindicatos.
Más allá de la diversidad de opiniones que pueda existir
sobre la convocatoria de esta huelga general, nos preocupa la manera en que
algunos sectores sociales y políticos pretenden deslegitimar la acción de los
sindicatos. En este sentido queremos manifestar lo siguiente:
1º.- El objetivo que plantean los sindicatos con la
convocatoria de la Huelga General es legítimo, y, además, está expresamente
reconocido por la Constitución Española como un derecho fundamental de la
ciudadanía (art. 28).
2º.- Dicho objetivo es también justo: siempre es
justo reclamar diálogo social, negociación y búsqueda de acuerdos para
cualquier decisión política, mucho más si afecta a derechos fundamentales de
las personas, como ocurre con la reforma laboral.
3º.- El recurso a la huelga, que debe ejercerse con
prudencia, responsabilidad y de forma pacífica, forma parte de la normalidad de
un sistema democrático. Esto supone, por parte de los sindicatos y de los
trabajadores desarrollar comportamientos pacíficos, así como por parte de los
empresarios, no coaccionando éstos a sus trabajadores por participar en la
huelga ni tomando represalias, en ningún momento, contra ellos. Es preciso, también, una actitud no violenta
de los medios de comunicación social ateniéndose a criterios de objetividad, justicia
y verdad; la manipulación informativa es
una agresión violenta que hemos de rechazar.
4º.- Consideramos que los sindicatos necesitan
mejorar su funcionamiento y acción, especialmente en la organización y defensa
de los sectores más empobrecidos y vulnerables. Pero también reconocemos que
desempeñan de hecho un papel fundamental en la defensa de la dignidad de las
personas, con lo que realizan una función social esencial (tal como reconoce el
art. 7 de la Constitución Española). Como parte de la Iglesia en el mundo
obrero y del trabajo queremos recordar, además, que la Doctrina Social de la
Iglesia considera a los sindicatos un bien social: “son un elemento
indispensable de la vida social (…) son un exponente de la lucha por la
justicia social, por los justos derechos de los hombres del trabajo (…) un
factor constructivo de orden social y de solidaridad” (“Laborem exercens”, 20).
Por eso, “las organizaciones sindicales tienen el deber de influir en el poder
público, en orden a sensibilizarlo debidamente sobre los problemas laborales y
a comprometerlo a favorecer la realización de los derechos de los trabajadores”
(Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 307). Desde esta perspectiva,
Benedicto XVI ha insistido recientemente en que en la actual situación, cuando
se están poniendo en peligro derechos fundamentales de las personas y la
solidaridad social, los sindicatos son más necesarios que nunca (cf. “Caritas
in veritate”, 25).
Madrid,
23 de marzo de 2012
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La HOAC de Valencia ante la Huelga General del 29 de Marzo.
La reforma laboral
recientemente aprobada no es más que el último paso en el proceso de
deterioro de amplios sectores de la clase trabajadora
Tras la reforma y posterior
congelación de las pensiones, la eliminación de la retroactividad en las
ayudas oficiales destinadas a las personas dependientes, los recortes en
el sector público y en las inversiones
del Estado en servicios sociales, esta reforma, al igual que las reformas
laborales anteriores, profundizará en el empeoramiento de las condiciones de
trabajo y en el empobrecimiento de las familias trabajadoras.
Esta reforma, como recogíamos en la reflexión que sobre ella hacíamos
conjuntamente con la JOC:
- incrementará el empleo temporal, especialmente
para los jóvenes;
- diversifica las modalidades de contratación a la
carta;
- abarata el coste del despido;
- reducirá el crecimiento de los salarios;
- devalúa lo público (servicios sociales, educación
y sanidad).
Ante el llamamiento realizado por las organizaciones sindicales y
sociales de huelga el próximo 29 de
marzo la HOAC de la Diócesis de Valencia apoya dicha convocatoria y,
respetando la opciones de cada cual, hacemos un llamamiento a todos los trabajadores
y las trabajadoras a sumarse a esta movilización, y contribuir con otros y
otras a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las personas y las
familias, de manera éstas sean el referente para la organización
económico-productiva de nuestra sociedad.
La doctrina social de la Iglesia reconoce la legitimidad de la huelga
“cuando constituye un recurso inevitable , sino necesario para obtener un
beneficio proporcionado“ después de haber constatado la ineficacia de todas las demás modalidades para superar los conflictos (CDSI-304).
Valencia
26 de marzo de 2012.
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