El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los
únicos votos del Partido Popular la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012,
de 20 de abril llamado de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
La Mesa de Entidades de Solidaridad con las Personas
Inmigrantes mediante este manifiesto muestra su total rechazo a este decreto,
una muestra de racismo institucional que destruye el principio de sanidad universal, uno de los pilares
fundamentales de la convivencia en nuestro país, y pide
a las organizaciones, movimientos sociales y ciudadanía en general que
reaccione y se movilice contra esta medida por considerarla una clara
vulneración del derecho a la salud
reconocido a todas las personas independientemente de su situación
administrativa.
Algunos
motivos para la resistencia individual y colectiva frente a la exclusión de las
personas inmigrantes en situación administrativa irregular de la atención
sanitaria:
1.-
La reforma afecta al derecho fundamental
a la salud. El decreto colisiona con la
Constitución y los Estatutos de Autonomía. Además, es contraria al derecho
internacional público y a los tratados suscritos por España que reconocen el
derecho a un acceso a la asistencia médica sin discriminación para todas las
personas. El Gobierno tiene potestad para aprobar normas con rango de ley por
razones de necesidad urgente, pero esta no puede afectar derechos fundamentales
como el derecho a la salud.
2.-
Limitar la atención a urgencias agravará patologías e incrementará costes. Circunscribir la
atención sanitaria a urgencias puede conducir a un agravamiento o cronificación
de las enfermedades a causa de un retraso en su diagnóstico o que presentan
escasas manifestaciones clínicas (síntomas). Las consecuencias serán en muchas
ocasiones la hospitalización o la utilización de tratamientos más agresivos lo
que supone mayor coste que la atención primaria y, en el caso de ciertas
patologías, menor eficiencia médica.
3.- Las
personas con enfermedades crónicas se quedan sin atención. Inmigrantes en situación
administrativa irregular con enfermedades crónicas (como el VIH, diabetes,
hipertensión arterial, etc..) o que requieren tratamiento prolongado (cáncer o
diálisis) perderán el acceso al mismo a partir del 1 de septiembre con la
retirada de la tarjeta sanitaria. El decreto sólo deja como alternativa las
urgencias lo que redundará en un diagnóstico tardío (con las complicaciones que
conlleva) y problemas para recibir tratamiento, seguimiento, acceso a
especialistas, etc…
4.-
La discriminación sanitaria es contraria a la salud
pública. Obstaculizar el acceso a la salud de las personas
inmigrantes perjudica a los propósitos generales de salud pública. La
‘segregación sanitaria’ de las personas inmigrantes sin permiso de residencia
resulta arriesgado y médicamente irresponsable porque aparta a una parte de la
población de las medidas de prevención y de tratamiento. Además, la falta de
acceso a la atención primaria puede dificultar el cumplimiento del tratamiento
de determinadas enfermedades infecciosas y tener graves repercusiones para la
salud pública.
5.-
La respuesta para la atención a inmigrantes no es la beneficencia. La salud es un derecho del cual toda
persona es titular y que debe ser garantizado por los Estados. El decreto
sienta las bases para un sistema paralelo de ‘caridad’ y el Estado hace una
dejación de sus obligaciones en la protección de la salud de las personas. Las
ONG no deben ni van a sustituir al Estado.
6.- Las
personas inmigrantes no colapsan la atención primaria.
Es falso que
las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario público. Diversos
estudios señalan que suponiendo más del 10% de la población suponen apenas el
5% de las visitas a consulta de atención primaria.
7.- Turismo sanitario e inmigración son cosas
distintas. Las personas migrantes son
contribuyentes a los presupuestos sanitarios a través de los impuestos que
financian la sanidad como el IVA, los impuestos especiales o el céntimo
sanitario. Las personas inmigrantes no
vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura
socio-sanitaria. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo entre
inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las personas
encuestadas citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que
les habían llevado a emigrar a nuestro país. Por lo tanto,
el llamado “turismo sanitario” no tiene ninguna relación con las personas inmigrantes
en situación administrativa irregular sino que tiene que ver con la mala
gestión del gobierno en el cobro al resto de gobiernos europeos por las
intervenciones realizadas a sus nacionales en nuestro país.
8.- España,
en el furgón de cola de la UE. No
es cierto que, como argumenta el Ministerio de Sanidad, la exclusión de las
personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España nos
acerque al contexto europeo. Con el decreto España se sitúa al nivel de
Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas extranjeras no
regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas en las urgencias. Con
esta reforma, España pasa de estar en la vanguardia entre los países europeos
que garantizaba la universalidad en la atención sanitaria a la cola en la Unión
Europea. En países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Italia y
Portugal las personas extranjeras sin
permiso de residencia tienen derecho a cobertura sanitaria.
Por todo ello y principalmente porque la salud es un
derecho y los derechos
humanos no son opcionales ni dependen del lugar de origen de cada persona.
.Expresamos nuestra
preocupación ante la situación de desamparo en la que, respecto del derecho a
la salud, van a quedar las personas inmigrantes en situación administrativa
irregular tras la entrada en vigor de esta norma. En ese sentido no admitimos
la exclusión, por razones administrativas, del derecho a la atención sanitaria
de ninguna persona que viva en territorio español.
.Pedimos a las Cortes
Valencianas y al Gobierno de la Generalitat responsable de la Sanidad en
nuestra comunidad, que mantenga la solidaridad y la universalidad de la
sanidad, dejando sin aplicación el decreto.
.Pedimos a todos los
ciudadanos y ciudadanas que se unan a
las movilizaciones para detener un ataque a nuestros derechos, los de todas y
todos.
MESA DE
ENTIDADES DE SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS INMIGRANTES
AVAR, ACOEC, ADRA, ARACOVA,
ACCEM, ACULCO, CARITAS, CEAR-C.V, COMUNITATS CRISTIANES, CEDSALA, CEPAIM,
CITMI, CIC, FUNDACIÓN JAVIER SIMON, FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA, HOAC, INICIS, LA
CASA GRANDE, MUSICLINIK, MEDICOS DEL MUNDO C.V., MIRA, PSICÓLOGOS SIN
FRONTERAS, REVOLTA, ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI HISPANO-ECUATORIANA, UGT-P.V.,
USO-C.V., VALENCIA ACOGE.
