dijous, 30 d’agost de 2012

MANIFIESTO POR EL DERECHO UNIVERSAL A LA SALUD



El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

La Mesa de Entidades de Solidaridad con las Personas Inmigrantes mediante este manifiesto muestra su total rechazo a este decreto, una muestra de racismo institucional que destruye el principio de sanidad universal, uno de los pilares fundamentales de la convivencia en nuestro país, y pide a las organizaciones, movimientos sociales y ciudadanía en general que reaccione y se movilice contra esta medida por considerarla una clara vulneración  del derecho a la salud reconocido a todas las personas independientemente de su situación administrativa.

Algunos motivos para la resistencia individual y colectiva frente a la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular de la atención sanitaria:

1.- La reforma afecta al derecho fundamental a la salud. El decreto colisiona con la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Además, es contraria al derecho internacional público y a los tratados suscritos por España que reconocen el derecho a un acceso a la asistencia médica sin discriminación para todas las personas. El Gobierno tiene potestad para aprobar normas con rango de ley por razones de necesidad urgente, pero esta no puede afectar derechos fundamentales como el derecho a la salud.
2.- Limitar la atención a urgencias agravará patologías e incrementará costes. Circunscribir la atención sanitaria a urgencias puede conducir a un agravamiento o cronificación de las enfermedades a causa de un retraso en su diagnóstico o que presentan escasas manifestaciones clínicas (síntomas). Las consecuencias serán en muchas ocasiones la hospitalización o la utilización de tratamientos más agresivos lo que supone mayor coste que la atención primaria y, en el caso de ciertas patologías, menor eficiencia médica.
3.- Las personas con enfermedades crónicas se quedan sin atención. Inmigrantes en situación administrativa irregular con enfermedades crónicas (como el VIH, diabetes, hipertensión arterial, etc..) o que requieren tratamiento prolongado (cáncer o diálisis) perderán el acceso al mismo a partir del 1 de septiembre con la retirada de la tarjeta sanitaria. El decreto sólo deja como alternativa las urgencias lo que redundará en un diagnóstico tardío (con las complicaciones que conlleva) y problemas para recibir tratamiento, seguimiento, acceso a especialistas, etc…
4.- La discriminación sanitaria es contraria a la salud pública. Obstaculizar el acceso a la salud de las personas inmigrantes perjudica a los propósitos generales de salud pública. La ‘segregación sanitaria’ de las personas inmigrantes sin permiso de residencia resulta arriesgado y médicamente irresponsable porque aparta a una parte de la población de las medidas de prevención y de tratamiento. Además, la falta de acceso a la atención primaria puede dificultar el cumplimiento del tratamiento de determinadas enfermedades infecciosas y tener graves repercusiones para la salud pública.

5.- La respuesta para la atención a inmigrantes no es la beneficencia. La salud es un derecho del cual toda persona es titular y que debe ser garantizado por los Estados. El decreto sienta las bases para un sistema paralelo de ‘caridad’ y el Estado hace una dejación de sus obligaciones en la protección de la salud de las personas. Las ONG no deben ni van a sustituir al Estado.
6.- Las personas inmigrantes no colapsan la atención primaria. Es falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario público. Diversos estudios señalan que suponiendo más del 10% de la población suponen apenas el 5% de las visitas a consulta de atención primaria.
7.- Turismo sanitario e inmigración son cosas distintas. Las personas migrantes son contribuyentes a los presupuestos sanitarios a través de los impuestos que financian la sanidad como el IVA, los impuestos especiales o el céntimo sanitario.  Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las personas encuestadas citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar a nuestro país. Por lo tanto, el llamado “turismo sanitario” no tiene ninguna relación con las personas inmigrantes en situación administrativa irregular sino que tiene que ver con la mala gestión del gobierno en el cobro al resto de gobiernos europeos por las intervenciones realizadas a sus nacionales en nuestro país.

8.- España, en el furgón de cola de la UE. No es cierto que, como argumenta el Ministerio de Sanidad, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España nos acerque al contexto europeo. Con el decreto España se sitúa al nivel de Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas extranjeras no regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas en las urgencias. Con esta reforma, España pasa de estar en la vanguardia entre los países europeos que garantizaba la universalidad en la atención sanitaria a la cola en la Unión Europea. En países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Italia y Portugal  las personas extranjeras sin permiso de residencia tienen derecho a cobertura sanitaria.
Por todo ello y principalmente porque la salud es un derecho y los derechos humanos no son opcionales ni dependen del lugar de origen de cada persona.

.Expresamos nuestra preocupación ante la situación de desamparo en la que, respecto del derecho a la salud, van a quedar las personas inmigrantes en situación administrativa irregular tras la entrada en vigor de esta norma. En ese sentido no admitimos la exclusión, por razones administrativas, del derecho a la atención sanitaria de ninguna persona que viva en territorio español.
.Pedimos a las Cortes Valencianas y al Gobierno de la Generalitat responsable de la Sanidad en nuestra comunidad, que mantenga la solidaridad y la universalidad de la sanidad, dejando sin aplicación el decreto.
.Pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas que se unan  a las movilizaciones para detener un ataque a nuestros derechos, los de todas y todos.

MESA DE ENTIDADES DE SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS INMIGRANTES
AVAR, ACOEC, ADRA, ARACOVA, ACCEM, ACULCO, CARITAS, CEAR-C.V, COMUNITATS CRISTIANES, CEDSALA, CEPAIM, CITMI, CIC, FUNDACIÓN JAVIER SIMON, FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA, HOAC, INICIS, LA CASA GRANDE, MUSICLINIK, MEDICOS DEL MUNDO C.V., MIRA, PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS, REVOLTA, ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI HISPANO-ECUATORIANA, UGT-P.V., USO-C.V., VALENCIA ACOGE.

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