Después de un trabajo conjunto realizado entre distintos grupos y personas del ámbito socio-sanitario, eclesial, sindical y asociativo en el que hemos compartido la situación actual acerca de la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares a partir del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Constatamos:
–Que este Decreto cambia las condiciones de acceso al sistema sanitario y la protección a la salud ha dejado de ser un derecho, una garantía de cohesión social para todas la personas que viven en nuestro país.
–Que desde el 1 de septiembre de 2012, el gobierno español ha limitado el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular que, desde esa fecha y con la excepción de algunos supuestos (urgencias; embarazo, parto y postparto; menores de edad; personas solicitantes de protección internacional; víctimas de trata de seres humanos), deben pagar para recibir asistencia sanitaria, incluida la asistencia primaria.
–Que en muchos casos la situación de irregularidad de los inmigrantes es sobrevenida, es decir, se debe a que la falta de un contrato de trabajo conlleva no poder renovar el permiso de residencia, pasando a ser “sin papeles”. El hecho es que muchos de los “sin papeles” son personas que llevan años aportando riqueza aquí, además de pagar impuestos directos e indirectos y consumir bienes con el fruto de su trabajo. La financiación de la sanidad pública no proviene de las cotizaciones de los afiliados a la Seguridad Social, sino de los impuestos de todos los ciudadanos.
–Que en algunos casos como la asistencia sanitaria de urgencias, a la que tiene derecho este colectivo, la Administración procede a la facturación de dicha atención “invitando” a la firma del compromiso de pago como condición previa a ser atendidos. El potencial impago de una facturación generada puede significar no poder regularizarse en un futuro o, en su defecto, no poder renovar un permiso de residencia.
–Que la situación de desinformación y miedo, de invisibilidad de quienes están en situación irregular se ve potenciada con la facturación de la atención sanitaria. Los compromisos de pago tienen un efecto disuasorio y están generando autoexclusión del sistema sanitario. Esa situación es muy preocupante por las repercusiones de salud pública y control de enfermedades infecciosas y graves, por el retraso en la asistencia médica hasta el agravamiento de los cuadros, por el abandono del control y tratamiento de enfermedades crónicas, por la dificultad en la prevención, detección, asistencia y protección de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género y mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual en situación irregular.
–Que el Programa Valenciano de Protección a la Salud, vigente desde finales de julio de 2013, que podría haber cubierto situaciones de exclusión de la asistencia sanitaria pública en nuestra comunidad de muchas de las personas que se encuentran en situación irregular se convierte en la práctica en papel mojado debido a los requisitos administrativos que imposibilitan en muchos casos el acceso a este programa. A finales de noviembre de 2013 según noticia de la prensa local tan solo 32 de 19.000 extranjeros “sin papeles” en nuestra provincia habían solicitado adherirse al programa de protección a la salud. . Que la reciente regulación de los “convenios especiales” mediante los que se condiciona el acceso de las personas migrantes al sistema sanitario al pago de una cantidad es una barrera económica que pone en peligro el acceso a la atención sanitaria de las personas más vulnerables, más si cabe en la situación de grave crisis actual en un colectivo que está siendo gravemente afectado por la crisis debido al alto índice de desempleo (según datos de la EPA del 3er trimestre 2013 la tasa de paro de la C. Valenciana en españoles era del 26.2% y del 36.7% en extranjeros).
Siguiendo las orientaciones del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado desde la HOAC queremos “…ver y ayudar a ver en el emigrante y en el refugiado no sólo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados…” . Y por ello hacemos pública y denunciamos esta situación injusta y nos solidarizamos con nuestros hermanos inmigrantes. Es el mismo Papa Francisco, quien en el Centro Astalli de Roma (perteneciente al Servicio Jesuita para Refugiados) en septiembre de 2013, invitaba a los fieles católicos a:“SERVIR, ACOMPAÑAR y DEFENDER” a nuestros hermanos inmigrantes.
Castelló, 19 de enero de 2014
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