Comunicado de la HOAC y la JOC
Hace tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis
económica, están tomando decisiones que suponen un grave retroceso en los
derechos laborales y sociales de personas y familias. Estas políticas están
afectando muy negativamente al conjunto de la sociedad y, en particular, a las
personas y familias más empobrecidas y vulnerables. Como ya hemos manifestado
en otras ocasiones, consideramos estas políticas equivocadas e injustas. El
actual Gobierno de España está llevando hasta el extremo estas políticas
contrarias a los derechos laborales y sociales de personas y familias.
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| Presencia de la Campaña CIEs NO en la manifestación del 1º de Mayo en Valencia |
Entre estas decisiones se están tomando algunas que imponen
recortes en el ejercicio de un derecho básico de las personas, en el acceso a
una sanidad pública que atienda debidamente el derecho a la salud de las
personas y a la debida atención sanitaria. Y dentro de ellas se ha tomado la
decisión de que, desde el próximo 1 de septiembre, a las personas inmigrantes
que no tienen regularizada su situación administrativa, se les negará la
tarjeta sanitaria y, por tanto, la atención sanitaria que puedan necesitar (con
excepción de las urgencias y la atención a menores de edad y mujeres
embarazadas).
La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC), consideramos que esta decisión es especialmente injusta
e inmoral. Porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso
universal a la sanidad (que es lo justo) y, sobre todo, porque supone excluir
de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas (y
atenderlas debidamente es lo moral). Con el Papa Juan Pablo II, consideramos
que “apenas hay una señal más eficaz para medir la verdadera estatura
democrática de una nación moderna que el comportamiento que muestra para con
los inmigrados” (Homilía en Guadalupe, España, 1982). Personas a las que una
legislación injusta ha dejado en una situación irregular administrativamente,
ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos.
Es una desigualdad absolutamente inmoral.
Es una injusticia y una inmoralidad que niega un principio
básico de humanidad en el que ha insistido la Doctrina Social de la Iglesia:
“Todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser
respetados en cualquier situación” (Consejo Pontificio para la Pastoral de los
Emigrantes, “Erga migrantes caritas Christi”, n. 5). Principio que los obispos
españoles han concretado de forma que nos parece especialmente importante para
una situación como la actual: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente
de la situación legal, económica, laboral, en que se halle, es una persona con
la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios
(…) El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sino una persona. Con esto
está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos fundamentales se refiere”
(Conferencia Episcopal Española, “La Iglesia en España y los Inmigrantes”, n.
5).
Por todo ello, la HOAC y la JOC:
1º.- Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de
España, por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación,
devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.
2º.- Pedimos al conjunto de la sociedad y a las
organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible por
modificarla.
3º.- Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de
la Iglesia a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de
los derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.
Madrid, 4 de mayo de 2012
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