29 de Maig Concentració a València pel Tancament dels CIEs

Por el derecho a la salud de todas las personas

La eliminación de la asistencia sanitaria a personas migrantes en situación irregular constituye una acción de racismo institucional

Desde la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, el Foro Alternativo de la  Inmigración y la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), rechazamos el decreto del gobierno que elimina el derecho a la sanidad de las personas inmigrantes en situación irregular.  Dicho decreto destruye el principio de sanidad universal que constituye uno de los pilares fundamentales de la convivencia en nuestro país. El ataque al derecho fundamental a la atención sanitaria no se dirige solamente a las personas extranjeras sino también a los jóvenes de más de 26 años que no hayan cotizado.

Para las personas inmigrantes que a causa del paro no pueden acceder a un permiso de trabajo supone un atentado contra su derecho a la vida. De ponerse en marcha el decreto, lo médicos y profesionales sanitarios se verán confrontados a tener que abandonar a personas que pueden morir por falta de su atención, simplemente porque hay un sello más o menos en un papel o un pasaporte.

Queremos denunciar también los argumentos falsos en los que se apoya el gobierno para  justificar el decreto.

Los datos sobre uso de la atención sanitaria demuestran que el uso de las personas inmigrantes de los mismos están por debajo de la media de los ciudadanos españoles. Así mismo el llamado “turismo sanitario” no tiene ninguna relación con las personas inmigrantes que se encuentran en situación irregular sino por la mala gestión de gobierno en el cobro al resto de gobiernos europeos por la intervenciones realizadas a sus nacionales en nuestro país.

También, como han expresado varios colectivos sanitarios el decreto va en contra los propósitos generales de la salud pública que se dirige prioritariamente a la medicina preventiva. El decreto provocará el colapso de las urgencias, afectando a la atención sanitaria de todas y todos.

Como red de organizaciones valencianas además de rechazar el decreto del Ministerio de Sanidad, pedimos a las cortes valencianas y al gobierno de la Generalitat responsable de la sanidad en nuestra comunidad, que mantenga la solidaridad y universalidad de la sanidad, dejando sin aplicación el decreto.

La no discriminación y la igualdad de derechos de todas las personas son principios de nuestra constitución que el decreto vulnera por lo que pedimos a las fuerzas políticas que denuncien la inconstitucionalidad del mismo.

El decreto agrava aún más el abandono al que, tanto el gobierno central como el autonómico, están sometiendo al colectivo de personas migrantes: con impagos a las entidades que les prestan apoyo, eliminación de los fondos para integración de los presupuesto y la retirada de cualquier política de apoyo a la diversidad cultural.

Este nuevo recorte no ahorrará ningún gasto sino que degraciadamente es una medida de racismo institucional de un gobierno que ha olvidado que los derechos humanos no son opcionales ni dependen del lugar de origen de cada persona. Por ello pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas de cualquier país que se una a la movilizaciones para detener un ataque a los derechos sociales que nos afecta a todos y todas.

Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes

Foro Alternativo de la  Inmigración

Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros

Manifest del Grup de Rectors del Dissabte davant la Reforma Sanitària

NO A LES MESURES INJUSTES, IMMORALS I ANTIEVANGÈLIQUES DEL GOVERN CONTRA LES PERSONES MÉS EMPOBRIDES

Les injustes mesures adoptades davant la crisi perjudiquen greument les persones més vulnerables de la societat: dependents, aturades de llarga duració, joves sense perspectiva de futur... Però la decisió de deixar sense assistència sanitària, a partir del proper 1 de setembre, les immigrants que no tinguen regularitzada la seua situació administrativa, traspassa totes les fronteres de la decència moral, produeix efectes perversos sobre els comportaments cívics i la salut pública i corromp el sentit evangèlic de la convivència.

1.- És injust i immoral que els costos de la crisi recaiguen sobre el dret fonamental a la salut.

El fet que l’assistència sanitària es limite a les persones assegurades i cotitzants, tot excloent les immigrants, és l’inici d’una deriva ètica que es manifesta, també, en l’exclusió de les aturades que no tinguen actualitzada la seua demanda d’ocupació i de les majors de 26 anys que no hagen entrat en el mercat de treball. L’accés universal i igualitari a la salut és un bé de justícia que ha de ser garantit pels poders públics a tota la ciutadania i de cap manera no pot quedar condicionat per l’ètnia, la religió o la documentació. Sol·licitem als governs –central i autonòmics– que rectifiquen allò que considerem immoral i injust.

2.- Aquesta mesura és innecessària perquè l’estalvi econòmic mínim que suposa es pot assolir, sense un cost humà major, per qualsevol altre mitjà que no amenace la integritat de les persones.

Per cobrir les despeses que es pretenen evitar, n’hi ha prou amb renunciar a la Fórmula 1, disminuir la despesa militar espanyola o delmar la corrupció o el frau fiscal. D’altra banda, no creiem que la mesura prevista haja de produir cap estalvi, ja que generarà un cost econòmic superior en obligar la població exclosa de l’atenció sanitària a acudir a urgències per rebre assistència mèdica, amb la qual cosa es produirà, a més, un col·lapse en les urgències més gran del que ja existeix. Invitem, doncs, les organitzacions socials i el conjunt de la societat a no secundar la mesura i a pressionar per tal de crear un consens social ampli.

3.- És contraproduent negar la targeta sanitària i, en conseqüència, l’atenció sanitària a uns éssers humans que isqueren dels seus països cercant mitjans de subsistència o condicions de vida millors per a les seues famílies.

Aquesta mesura els estigmatitza, tot convertintlos en “bocs expiatoris” de les disfuncions del sistema sanitari, i trenca, a més a més, l’ordre constitucional, assentat sobre el reconeixement de la dignitat de tota persona. Invitem els qui exerceixen com a professionals de la salut a acollir-se al dret a l’objecció de consciència per atendre la població més vulnerable.

4.- És antievangèlica una mesura que deixa sense cobertura, sense atenció sanitària, sense medicines i sense drets uns éssers humans simplement per mancar de permís de residència a Espanya o per patir una precarietat laboral que ells no han causat.

És un atemptat a l’amor que Déu desplega sobre les persones i a la preferència que, en Crist, ha mostrat vers les més fràgils i vulnerables. El vell interrogant bíblic “on és el teu germà?” (Gn. 4,9) és la interpel·lació que s’adreça avui a la ciutadania espanyola. Demanem a les comunitats cristianes i al conjunt de l’Església que s’ocupen a fons en la defensa del dret de la gent més empobrida.

València, 12 de maig de 2012

Festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats

Grup de Rectors del Dissabte

Impacto de la reforma sanitaria en las personas inmigrantes

Cáritas muestra preocupación por el impacto de la reforma sanitaria en inmigrantes

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS)

   El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, se ha mostrado preocupado por el impacto que pueda tener la reforma del sistema sanitario sobre los inmigrantes en situación irregular y ha apostado por que si el Gobierno considera que existe un abuso del sistema de salud o turismo sanitario, que aborde políticas para "cortar" esos usos indebidos, en lugar de "recortar un derecho".

   "Si verdaderamente se ha hecho una reforma porque se estaba abusando del sistema sanitario, que se corten los abusos y continúen los servicios básicos de derecho a la salud. Cuando se abona la reforma en un supuesto uso indebido del turismo sanitario, que se aborden las políticas de turismo sanitario y si hay una desproporción, se use de una manera debida y no se recorte un derecho", ha precisado.

   Además, Mora ha advertido de que quizá salga "más cara" la reforma  pues puede resultar más barato curar un resfriado que una neumonía por Urgencias, servicio al que sí tendrán acceso los inmigrantes en situación irregular. "Nos podemos encontrar con la paradoja de que un resfriado no se ha atendido por la sanidad y una neumonía sí en la medida que la persona entra por Urgencias", ha explicado.

   En cuanto al impacto que esta medida tendrá en las organizaciones sociales y concretamente en Cáritas, Mora prevé que la labor social de la Iglesia deberá aumentar sus prestaciones sanitarias, que en 2010 --cuando atendió a 150.000 personas en situación de irregularidad-- supusieron un 5 por ciento de todas las ayudas.

   Asimismo, se ha mostrado "preocupado" por que se pueda estar generando una "red paralela" al sistema público de derechos y deberes de forma que haya organizaciones sociales que ofrezcan cobertura para aquellos servicios que el Estado no cubre a los inmigrantes irregulares, como ocurrió, según ha recordado, en los primeros años de la inmigración en España.

   Ante esta situación, ha apostado por "un sólo sistema universal para todas las personas que tengan necesidad" pues, a su juicio, es "lo que más integra, normaliza y justifica el derecho".

   Finalmente, ha recordado que si se restringe el derecho a la salud, "se potencia la exclusión social" de estas personas pues, según ha explicado, la salud es "un elemento clave" de cara a la integración ya que es "un indicador claro" de estar en una situación de exclusion o inclusión.

DESMONTANDO PREJUICIOS

      En nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo y convivencia, y también en nuestras Parroquias, escuchamos una serie de "PREJUICIOS" sobre los inmigrantes.

  Admitiendo que en muchas ocasiones el funcionamiento de las instituciones es deficiente, la mayoría de las veces, estos prejuicios están basados en el desconocimiento de la realidad.

 

          Se dice: “Los inmigrantes reciben todas las ayudas” 

          Hasta ahora, y en el mejor de los casos, las  personas inmigrantes tienen derecho a las mismas ayudas y con los mismos requisitos que cualquier ciudadano autóctono. El requisito principal, a casi todas las ayudas y prestaciones (becas de comedor, renta mínima garantizada,…), son los recursos económicos de los solicitantes; además de otros factores como la edad, el número de personas a cargo o dependientes, familias monoparentales, estar en situación de riesgo social, etc. Es decir, se accede a las ayudas según las condiciones como persona, no existiendo ninguna ayuda específica para extranjeros.

          

Además conviene recordar que, Según la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, el 30% del crecimiento del PIB de España entre mediados de los años 1990 y la primera década de este siglo fue consecuencia del asentamiento de inmigrantes. El 50% del superávit alcanzado por las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento de la economía española, de 2002 a 2006, correspondió a impuestos y contribuciones sociales de la inmigración.

Se dice: “Los inmigrantes saturan los servicios”

          

Es preciso recordar que cuando los inmigrantes acceden a los servicios públicos es porque tienen todo el derecho a ello, como cualquier ciudadano, y que son las Administraciones Públicas las que tienen la responsabilidad de garantizar unos servicios públicos suficientes y de calidad para el conjunto de la población. Que los servicios públicos estén saturados es una realidad. lo que es falso es que el motivo sea la afluencia de inmigrantes. Los que vamos teniendo más edad sabemos que esa saturación existía mucho antes de la llegada de inmigrantes en mayor número.

En la última década 2000-2010 la población de la comunidad valenciana ha aumentado en 978.545 habitantes Lo que no está comprobado es que haya habido un aumento de los servicios y empleados públicos en cuanto a sanidad, educación y servicios sociales en la misma proporción.

Un estudio realizado por La Caixa, evidencia que los extranjeros consultan un 7% menos al médico de cabecera respecto a la población autóctona y un 16,5% menos al médico especialista. Según los últimos datos disponibles del Sistema Integrado de Usuarios de Servicios Sociales, los extranjeros constituían aproximadamente el 13,7% del total de usuarios, muy próximo al 11,55% que representan en el conjunto de la población. Menos del 1% de los beneficiarios de pensiones en España son extranjeros.

 

Lo que si que resulta realmente costosos para las arcas públicas es el fenómeno conocido como turismo hospitalario que causa un déficit de 2.000 millones de euros al año en todo el estado. ¿En que consiste? Ciudadanos europeos aprovechan las vacaciones a nuestro país para someterse a operaciones y tratamientos sanitarios que no cubren el sistema de salud de sus países. La mayoría de los inmigrantes procedentes de latino américa y África no entran en este concepto de “Turismo sanitario”.

Se dice: “Los inmigrantes nos quitan el trabajo al cobrar menos”

          

Como ejemplo a destacar, el papel de las mujeres inmigrantes como cuidadoras de nuestros mayores, posibilitando la incorporación de muchas mujeres autóctonas al mundo laboral. El 80% de las cuidadoras en régimen interno son extranjeras; entre el 55 y el 70% de este empleo permanece en la economía sumergida con muy bajos salarios, sin vacaciones retribuidas ni cotización a la seguridad social. Además de largas jornadas de trabajo y no recibir los oportunos días de descanso

           

No se puede admitir que se responsabilice a los trabajadores y trabajadoras  inmigrantes de los abusos y explotación que sufren por parte de los empleadores que, aprovechándose de su situación de desamparo, precarizan sus condiciones de trabajo y provocan al mismo tiempo una precarización generalizada

Documento completo en:

Desmontando prejuicios sobre la inmigración

http://www.hoacmurcia.es/wp-content/uploads/2012/01/Desmontando-prejuicios-sobre-la-inmigraci%C3%B3n.pdf

Estudio de la Obra Social la CAIXA

los inmigrantes aportan mucho más al Estado de bienestar de lo que reciben.

Inmigración y Estado de bienestar en España

Conferències sobre fluxos migratoris i crisi

¡Justicia para las personas inmigrantes!

Comunicado de la HOAC y la JOC

Hace tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis económica, están tomando decisiones que suponen un grave retroceso en los derechos laborales y sociales de personas y familias. Estas políticas están afectando muy negativamente al conjunto de la sociedad y, en particular, a las personas y familias más empobrecidas y vulnerables. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, consideramos estas políticas equivocadas e injustas. El actual Gobierno de España está llevando hasta el extremo estas políticas contrarias a los derechos laborales y sociales de personas y familias.

Presencia de la Campaña CIEs NO en la manifestación del 1º de Mayo en Valencia

Entre estas decisiones se están tomando algunas que imponen recortes en el ejercicio de un derecho básico de las personas, en el acceso a una sanidad pública que atienda debidamente el derecho a la salud de las personas y a la debida atención sanitaria. Y dentro de ellas se ha tomado la decisión de que, desde el próximo 1 de septiembre, a las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa, se les negará la tarjeta sanitaria y, por tanto, la atención sanitaria que puedan necesitar (con excepción de las urgencias y la atención a menores de edad y mujeres embarazadas).

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), consideramos que esta decisión es especialmente injusta e inmoral. Porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad (que es lo justo) y, sobre todo, porque supone excluir de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas (y atenderlas debidamente es lo moral). Con el Papa Juan Pablo II, consideramos que “apenas hay una señal más eficaz para medir la verdadera estatura democrática de una nación moderna que el comportamiento que muestra para con los inmigrados” (Homilía en Guadalupe, España, 1982). Personas a las que una legislación injusta ha dejado en una situación irregular administrativamente, ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una desigualdad absolutamente inmoral.

Es una injusticia y una inmoralidad que niega un principio básico de humanidad en el que ha insistido la Doctrina Social de la Iglesia: “Todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados en cualquier situación” (Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes, “Erga migrantes caritas Christi”, n. 5). Principio que los obispos españoles han concretado de forma que nos parece especialmente importante para una situación como la actual: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sino una persona. Con esto está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos fundamentales se refiere” (Conferencia Episcopal Española, “La Iglesia en España y los Inmigrantes”, n. 5).

Por todo ello, la HOAC y la JOC:

1º.- Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España, por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación, devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.

2º.- Pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible por modificarla.

3º.- Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de la Iglesia a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.

Madrid, 4 de mayo de 2012